La primer ministra danesa, Mette Frederiksen, quiere retirar las ayudas públicas, planes y subsidios a los inmigrantes que no estén trabajando.

Las medidas son parte de un paquete de reformas que se han presentado con el objetivo de aumentar la integración de los inmigrantes y equilibrar el sistema social.
Inicialmente, el esquema está destinado a quienes han estado recibiendo beneficios estatales durante tres o cuatro años.

Asimismo aclaran que deben cumplir una jornada laboral de al menos 37 horas semanales. “Puede ser un trabajo en la playa en el que se recogen colillas de cigarrillos o plásticos, o ayudando a resolver diversas tareas”, han especificado.

El gobierno danés, se ha fijado públicamente como objetivo reducir a cero el número de solicitantes de asilo, también observa con preocupación la baja tasa de empleo entre las mujeres procedentes de Oriente Medio, África del Norte y Turquía y considera que ayudará a su integración laboral.

También han retirado el permiso de residencia a ciertos refugiados sirios con antecedentes y han endurecido la ley “antiguetos”, para limitar el número de habitantes “no occidentales” que pueden vivir en cada barrio.

En los barrios, los niños estarán obligados a asistir a guarderías a partir del primer año de edad, para favorecer una socialización de tipo occidental y el aprendizaje del idioma, y a las familias que se niegan les son candeladas las subvenciones y ayudas sociales del Estado.

Estas políticas han recibido críticas del Comisionado de la ONU por “contrariar los principios en los que se basa la cooperación internacional en materia de refugiados”, pero sus reproches no parecen afectar las decisiones tomadas.