Ecologismo selectivo, política parasitaria

El fuego de Corrientes es, hoy en día, el centro de la crítica al gobierno nacional, quien es blanco, por acción y omisión, de fundamentados ataques por parte de los diversos sectores que conforman la oposición.

No es para menos: una crisis climática resulta ser la cereza por sobre la crema de la hipocresía de un gobierno cuyo staff hizo un denodado esfuerzo en destacar y diagnosticar aquellos caos climáticos sucedidos fuera de sus fronteras, léanse caso Amazonas y caso Australia.

Tanto funcionarios, de diversa autoridad jerárquica, como integrantes de los medios de difusión oficiales, caracterizaron los desastres naturales, en países con gobernantes adversos desde lo ideológico, como consecuencias de las características de sus políticos en el poder. Tales propiedades fueron construidas alrededor de dos fantasmas: el del extractivismo, término empleado para atemorizar al creciente electorado ecologista, y el liberalismo, planteándolos como fenómenos relacionados.

Así, términos como «extractivismo neoliberal» y «capitalismo predatorio» secuestraron el prime-time de los medios hegemónicos y alternativos, con el objetivo doble de encubrir las falencias propias y de arrastrar al barro las gestiones ajenas. Poco importa a este punto si el modelo extractivista fue el empleado por los «años dorados» de la Venezuela bolivariana para financiar su espejismo socialista, o si en la vecina Bolivia las prácticas de deforestación son idénticas a las empleadas en el mancillado Brasil.

Gabriela Cerruti adjudicó, en su momento, los focos de incendio en Australia a una supuesta política extractivista del gobierno australiano. La hoy portavoz presidencial guarda silencio con respecto a la situación correntina.

Los conceptos carecen ahora de significados intrínsecos y toman sentido únicamente por el contexto político en el que se emplean, esta es la explicación detrás del silencio cómplice de quienes antes aparentaban estar profundamente conmovidos por los pesares de la naturaleza y la ecología.

Es ya conocida la millonaria y exitosa cruzada solidaria emprendida por el influencer Santiago Maratea, quien tuvo que hacer las veces de ministro de ambiente para auxiliar a la población, flora y fauna correntinas; sustituyendo el rol del limitado ministro Cabandié. Esto no es nuevo ni sorprendente, el ciudadano de a pie paga todo dos veces: seguridad, educación y salud, son públicas financiadas vía impuestos, pero el contribuyente debe de todas formas refugiarse en el sistema privado. Similar es ahora la situación de la acción ecológica, se financia un ministerio inviable como medioambiente, pero para responder a las necesidades es necesario canalizar la solidaridad privada y voluntaria.

Tristemente, esta dramática situación, tanto ecológica como política, no es más que el prólogo de algo aún más preocupante. Es en este punto donde aparecen los seres más nefastos del establishment de la información: comunicadores, funcionarios y periodistas advierten que, si bien Maratea es un fenómeno, necesaria es la acción estatal, además de preferible por sobre su iniciativa. Estos marketineros disfrazados de utilitaristas señalan que la caridad centralizada no solo sería más eficiente, sino que además es necesaria. Un solo fragmento de la realidad alcanza para desmontar su relato: el presupuesto del ministerio de ambiente representa un 20318% del total de lo recaudado por el influencer, y con ello nada se hizo más que financiar los suntuosos estilos de vida de funcionarios que dedicaron una vida a rosquear.

A este punto es evidente, pero no sobra remarcarlo, que quien pide que la caridad esté centralizada en manos de un ente público no vela por el mejor interés de la acción solidaria, sino que está justificando la existencia del político, del político corrupto, porque parece ser que este es solo un mal necesario de un sistema que sostienen es bueno, pero que en la realidad da las condiciones para que los vivos de la política cobren favores también políticos; favores que benefician a sus semejantes y sus praxis electorales pero que en ningún punto constituyen un servicio a la población.

Si hay una reflexión que sacar del caso Corrientes, es que sobre los Cabandié de la política es donde más fuerte deberá tronar el escarmiento de la gente.

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