La Unión Cívica Radical presentó, tanto en Diputados como en Senadores, un proyecto de ley que busca legalizar la práctica de la eutanasia en Argentina. Así, aquellos pacientes que sufran una enfermedad grave e incurable podrían solicitar la práctica eutanásica o la muerte asistida.

El proyecto es impulsado a través de los legisladores Julio Cobos y Pamela Verasay en la Cámara Alta, mientras que Alfredo Cornejo junto a Jimena Latorre y Alejandro Cacace hacen lo propio en la Cámara Baja.

En el país, la «muerte digna» o eutanasia pasiva es regulada por la Ley N°26.529 y permitida en determinadas situaciones. Lo que busca este proyecto es ampliar la medida regulando también la eutanasia activa.

Aquí corresponde hacer una aclaración: Eutanasia pasiva es la inhibición de actuar o abandonar un tratamiento iniciado, sin intervenir en el proceso hacia la muerte. Eutanasia activa es la provocación de la muerte mediante acciones dirigidas a acortar o suprimir la vida de la persona, la denominada «muerte asistida».

Según el medio Infobae, el cual tituló la noticia en términos de «legalizar la interrupción voluntaria de la vida», el proyecto indica que la decisión de la práctica médica de la muerte asistida sea una «decisión autónoma fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable».

Los profesionales de la salud, al igual que ocurre con el tema del aborto, podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia mediante «una manifestación presentada por escrito y de manera anticipada». En lo que respecta a los efectores de la salud, obras sociales, prepagas y afines deberán dar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria de la vida

Alfredo Cornejo, consultado sobre la aplicación del proyecto en menores señaló: «Están contemplados hasta los 16 años con su consentimiento y los menores de esa edad con el consentimiento de tutores o padres«.

Por su parte, la legisladora Latorre señaló que «no hay un listado de cuáles son las enfermedades, el requisito es que sea un padecimiento grave irreversible y que implique un sufrimiento de tal magnitud que sea incompatible con la dignidad humana«.

Finalmente, este proyecto elimina la pena por ayuda al suicido o eutanasia y reprime con prisión al médico o funcionario público que dilate injustificadamente una práctica de este tipo.