El resquebrajamiento institucional de Argentina se acentúa en todas sus dimensiones. En esta ocasión, a través de la iniciativa de los intendentes del conurbano bonaerense, que hace tiempo que comenzaron a librar una puja dentro del oficialismo y de los aparatos legales del Estado para permanecer en el poder, intentando esquivar la ley que limita a dos mandatos consecutivos su gestión.

La Ley 14.836, sancionada en 2016, intentó poner fin a la práctica caudillista de los intendentes del PJ, con una larga tradición de gobiernos que duran décadas, y que terminan en el traspaso del poder a personas allegadas, como amigos o familiares.

Sin embargo, de cara a las elecciones del 2023, decenas de intendentes buscan asegurar su participación, para lo cual comenzaron a tejer una red de alianzas abaladas por el propio presidente, Alberto Fernández. Este se manifestó a favor de dicha iniciativa públicamente, sobre todo después de los comicios de medio término.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, manifestó en una conferencia de prensa que el gobierno evalúa dicha posibilidad. Esta posición ya podía verse como afianzada cuando hace un año Fernández declaró que no permitir la reelección sería una acción que atenta contra la voluntad popular de los ciudadanos.

En este marco, numerosos intendentes de diversas secciones de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron una cena con el ejecutivo en Olivos, en presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, entre otros funcionarios.

Se afirmó públicamente que la reunión tenía, entre otros fines, analizar los resultados electorales y posicionarse nuevamente como coalición de gobierno de cara a los próximos años.