Debemos partir con el principio de que un Estado puede financiarse de tres formas: aplicando impuestos, emitiendo dinero y/o tomando deuda (mediante préstamos o emisión de bonos). 

Respecto a esto último, podemos notar que la paridad de los bonos es la más baja desde abril de 2021. Y pese a rendir 22%, la deuda argentina sigue sin encontrar compradores. Ni siquiera a los controversiales fondos buitre les interesan los bonos nacionales. 

Luego del efecto post-PASO, los bonos soberanos en dólares vienen acumulando como valle máximo, una caída del 13%. Luego de pequeñas subas, actualmente se posicionan en un 8% menos que antes de las elecciones pasadas. 

Los inversores asignan altas probabilidad de que haya un nuevo evento crediticio en el mediano plazo, con un 75% de probabilidad de default a 4 años y del 95% de probabilidad de default a 10 años. Recordemos que los fondos buitre actúan en situaciones en las que un país tiene estados crediticios en default, y está próximo a caer como deudor incobrable. 

El “lado bueno” es que, si bien la probabilidad implícita de default de los bonos es alta, las probabilidades de que los fondos buitre compren deuda argentina son bajas ya que no es una obligación que esté a punto de caer en impago. Se puede tener una relativa «tranquilidad» hasta 2024, momento en el cual la Nación deberá pagar poco más de 3.000M USD (teniendo en cuenta que el PBI 2020 fue de 383.000M USD, el monto a pagar representaría el 0.79% de la producción anual argentina). Por tanto, hay un periodo de “calma” que el gobierno de turno deberá emplear para armar una estrategia que permita una solución verdadera a la situación presente.