El 17 de noviembre la comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para tratar el proyecto de Ley de Presupuestos para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo propuesto por el Ministerio de Ambiente.

La iniciativa es respaldada por el diputado Máximo Kirchner y Juan Grabois a partir de una elevación que se dio en los movimientos sociales que criminaliza los efectos ambientales y sociales de la generación de residuos en las ciudades.

La normativa apunta a la implementación de una tasa ambiental que premie a las empresas o productores que utilicen envases con materiales reciclables, y castigue con un gravamen a los incumplidores. Estos serían penalizados por colocar en el mercado envases no recuperables y la idea sería recaudar fondos para promover la economía circular.

Entre las extensiones que se tratan en la ley, destacan:

Responsabilidad Extendida del Productor. La responsabilidad del fabricante sobre el producto se extiende a la etapa posterior a su consumo.

Producción sostenible. Se incentiva al sector productivo a diseñar y fabricar productos ‘respetuosos’ con el ambiente.

Consumo sostenible. Se alienta el consumo de envases reciclados y reciclables en todos los sectores de la sociedad, generando conciencia y nuevas prácticas colectivas responsables y sostenibles.

Con la multa se buscará financiar “Sistemas de Reciclado con Inclusión Social”. En resumen, implicaría dotar de privilegios y recursos a través de fideicomisos a las organizaciones de economía circular vinculadas a los movimientos sociales como las cooperativas de trabajo de los cartoneros. La multa, en este caso, seria de alrededor del 3% del valor del producto.

Además de gozar con el apoyo de Juan Grabois y Maximo Kirchner, el proyecto cuenta con el aval de organizaciones como Jóvenes por el Clima, Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados y Alianza por el Clima en otra ola de regulaciones que ya estaba bajo la lupa del Ministerio de Desarrollo Productivo.