Teatro antidisturbios: el estado y la hegemonía cultural

El concepto de cultura puede resultar muchas veces ambiguo, otras algo impreciso, pero lo cierto es que resulta fundamental para dotar a un gobierno de representatividad. De la lectura de “las Bases”, ya podemos inferir que, según Alberdi, para que una ley pueda ser efectiva, debe ser aceptada por los marcos culturales que comparte la sociedad a regular.

Ahora bien, la cultura no es un rasgo común a todos los individuos, ni mucho menos su generación es siempre espontánea. El filósofo marxista Antonio Gramsci aporta el concepto de “hegemonía cultural”. Para Gramsci, la cultura es factor fundamental de lo que Marx llama la “superestructura”; el conjunto de ideologías que, sumadas a las relaciones sociales de producción vigentes, facilitan o imposibilitan la instauración del comunismo. Así, las clases dirigentes establecerían un orden cultural hegemónico y lo sostienen a través de sus instituciones, para evitar la dictadura del proletariado.

Entendiendo a la cultura como un rasgo que no es común a toda la población, que puede modificarse a gusto para establecer un orden hegemónico, y que es la piedra angular de cualquier gobierno representativo, es lógico suponer que todo gobernante querrá malear la cultura dominante en su territorio. Solo la dominante, pues el político se vale de las voluntades mayoritarias y ningún reparo guarda en pisotear individuos y minorías, siempre que estos no le ayuden en la construcción de su base electoral.

El estado argentino, como motor de la hegemonía cultural, va a apelar a la creación de organismos como el Instituto Nacional de la Música (INAMU) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), recurriendo así a quienes fueron, desde el origen de la ingeniería social, los voceros predilectos para la difusión de nuevas ideas: actores, músicos y artistas en general; puesto que ellos tienen acceso a los medios de difusión y un gran impacto en la opinión pública.

Acogiéndose a valores ya aceptados por la sociedad, como ser el proteccionismo nacionalista, se argumenta que el objetivo de sendos organismos es el fomento de la industria cultural local, frente al avance extranjero. Y esto en parte es cierto, pero encubre el segundo, y principal, propósito: el de financiar las carreras de actores, directores y músicos cuyos productos jamás serían convalidados por la lógica de mercado y la interacción voluntaria.

Estos artistas, permeables como todo ser humano a la autocomplacencia y a atribuir los propios fracasos a factores externos, compran el discurso oficial del gobierno que los sostiene y desde su nuevo lugar de, nunca mejor dicho, “figura pública” repercuten y esparcen la ideología del gobierno; actuando como un aparato, inconsciente y orgánico, de propaganda.

Entender el funcionamiento de los engranajes de la maquinaria estatal de imposición cultural es fundamental para comprender cómo es que es tan frecuente la aparición de artistas que, alevosamente, llaman a su público a adherir al gobierno que les extendió su mecenazgo. Este entendimiento es clave también para organizar la única batalla cultural que es necesaria: la batalla contra el estado como culturalizador, para que así la producción de cultura esté desarraigada de la coacción que emana el estado en su actividad, y pueda, finalmente, ser generada conforme a, como supo decir Alberdi, el ejercicio de la libertad práctica; en concordancia con la actividad voluntaria y pacífica.

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