Comenzó el fin de semana, desencadenada por el encarcelamiento del expresidente, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión. Fue acusado de desacato, luego de no presentarse a declarar en una causa por corrupción durante su mandato, que lo llevó a su destitución.

Lo que inició como una serie de movilizaciones como pedido de libertad del ex mandatario, degeneró en oleadas de saqueos y vandalismo. Se sumaron como móviles la crisis económica y sanitaria, y sus respectivas restricciones. Actualmente el país atraviesa una “tercera ola” de la pandemia, lo cual incrementó los descontentos por las políticas aplicadas.

Las escaladas se esparcieron, y provocaron bloqueos de rutas y accesos, incendios y saqueos a comercios. Como consecuencia, el gobierno ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía, con al menos 2500 militares efectivos.

Los incidentes se iniciaron en la provincia natal de Zuma, KwaZulu-Natal, expandiéndose posteriormente a regiones metropolitanas, como Johannesburgo, en la provincia de Gauteng.

El actual jefe de Estado, Cyril Ramaphosa, acusó lo sucedido de “violencia oportunista”, señalando que no “existían motivos que justifiquen la destrucción vista”. Sin embargo, también alegó que los sucesos se fundan en la “movilización étnica”. El país contiene una alta variedad de grupos, con más de 50 reconocidos oficialmente, y una amplia historia de lucha por la igualdad de derechos entre ellos.

Las cifras actualmente ascienden a más de 800 detenidos y 72 fallecidos, y la violencia se mantiene de forma sostenida desde el día viernes.

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